La legisladora consideró necesario, además de elevar el nivel de alerta al máximo, la participación del Poder Legislativo, ante una grave problemática que suma 43 víctimas, siete ellas mortales, en sólo tres meses.
Ante la actitud de la dependencia encargada de la gobernabilidad interna del país, también propuso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tomar cartas en el asunto y empezar por pedir cuentas al titular de la dependencia sobre lo que hace para garantizar el buen desarrollo de esta contienda electoral.
Mediante una propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución presentada en la misma Comisión Permanente, argumentó que mientras para Miguel Ángel Osorio Chong son “casos aislados” estos 43 asesinatos y agresiones, los medios de comunicación reportan diario actos de violencia relacionados con los comicios.
Van desde las más pedestres agresiones de un candidato a diputado local a un Jefe de Unidad Departamental de la Delegación Álvaro Obregón hasta verdaderos actos de barbarie, como la decapitación de una precandidata del PRD en Guerrero --Aidé Nava González-- y de un operador electoral del PAN en San Luis Potosí.
“El actual proceso electoral ha dejado como saldo trágico, del 18 de febrero al 18 de mayo, al menos 43 víctimas de la violencia, a razón de siete muertos y 36 agredidos, que van desde recibir amenazas de muerte hasta ataques a la persona o sus bienes”, señaló Rosas Montero.
Para ilustrar la gravedad de esta situación, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados refirió que en los procesos electorales de 2009 hubo seis homicidios; en 2010, tres; en 2012, cinco, y en los de 2013, tres.
La también Licenciada en Trabajo Social con Maestría en Gobierno y Políticas Públicas precisó que los asesinatos en 2015 contra precandidatos, candidatos, colaboradores y ciudadanos han sido principalmente en 12 estados, entre los cuales destacan Guerrero, Michoacán, Tabasco, Oaxaca y San Luis Potosí.
Las 34 víctimas restantes recibieron amenazas de muerte, fueron secuestradas por horas o sus bienes –como casas y vehículos- fueron baleados o incendiados.
Del total de agresiones, 18 fueron contra representantes del PAN, ocho contra los del PRI, seis contra los del PRD, otros seis contra los de MORENA, dos contra los del Movimiento Ciudadano y uno por los Partidos Social Demócrata, Humanista y PVEM.
Aunque la mayor violencia ha sido en Morelos, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco (con un total de 35), también la ha habido en Puebla, Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Baja California Sur y Oaxaca.
En Morelos, las amenazas de muerte orillaron a siete candidatos a abandonar la contienda electoral.
Así, contrario a lo que el Secretario de Gobernación diagnostica y “atiende” sobre la inseguridad y violencia en este proceso electoral, las cifras revelan que es el más violento de la historia reciente del país, por lo que no es con “mesas de trabajo” como se resolverá, sino con acciones más efectivas.
“Nosotros sí creemos que es necesario elevar el nivel de alerta al máximo; nosotros sí creemos que es necesario que se involucre al Poder Legislativo a través de su Comisión Permanente en la coordinación de la Seguridad Ciudadana en este proceso electoral”, enfatizó la legisladora federal perredista.
Para ello, propuso a la Comisión Permanente exhortar al Titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, a que envíe a esta soberanía un Informe Estado por estado, con el Diagnóstico de las condiciones de Seguridad de las 32 entidades federativas del País.
Asimismo, que el funcionario federal brinde un Informe en el que se detalle qué mecanismos, programas y acciones está implementado la Secretaría de Gobernación y cuáles implementará de manera extraordinaria, antes durante y después de la jornada electoral, con cuántos efectivos contará, a fin de Blindar la Seguridad Ciudadana y de los propios candidatos, que genere un clima de seguridad y confianza, que abone en la erradicación del temor y el miedo que pudiera generarse en la ciudadanía para salir a votar este próximo 7 de junio.
Y por último, a que los informes los entregue a esta soberanía en un lapso no mayor a tres días naturales después de la aprobación del mismo, debido a la urgencia que el asunto amerita, y toda vez que no ha sido posible llevar a cabo una reunión de trabajo entre el Secretario de Gobernación y los legisladores, pero sobre todo, dada la cercanía de la jornada electoral.
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