Al fundamentar su proposición con punto de acuerdo, el legislador recordó que el artículo 2° constitucional plantea que las personas indígenas tienen derecho a ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
“En nuestro país la impartición de justicia debe ser legal, equitativa, con orden y seguridad para todo individuo, y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo”, puntualizó el representante por el estado de Hidalgo.
Sin embargo, advirtió el senador, existe una insuficiencia de intérpretes acreditados para garantizar el derecho a un juicio equitativo, debido a que se deben cubrir 68 lenguas indígenas y sus 364 variantes que pertenecen a 11 familias lingüísticas.
Finalmente, el senador resaltó que el incumplimiento del derecho al acceso a la justicia puede ocasionar la injusta pérdida de la libertad de las personas indígenas.
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